En algunos centros educativos del país se ha instaurado la práctica de cerrar el portón de entrada y dejar fuera a los estudiantes que llegan tarde. Aunque la intención sea fomentar la puntualidad, esta medida conlleva riesgos graves tanto para la integridad de los alumnos como para su derecho fundamental a la educación.
El derecho a la educación está reconocido en la Constitución dominicana (artículo 63), en la ley 136-03 para la protección de niños, niñas y adolescentes (artículos 45 y 46) y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (art. 28), que establecen la obligación de los Estados y las instituciones educativas de garantizar el acceso a la educación sin discriminación. Cerrar el portón y dejar a los niños en la calle equivale a privarlos de este derecho, además de exponerlos a riesgos de seguridad y a un abandono de deber de protección.
La UNESCO (2021) advierte que toda práctica educativa debe regirse por el principio de interés superior del niño, lo que implica asegurar su integridad física y emocional en todo momento. En este sentido, medidas disciplinarias que los dejen sin resguardo representan no solo una contradicción pedagógica, sino también un acto potencialmente negligente.
El valor de la puntualidad, ciertamente necesario, puede enseñarse mediante estrategias correctivas y pedagógicas más humanas y eficaces, algunas de las cuales pueden ser:
- Permitir el ingreso, pero registrar la tardanza y marcar la ausencia en la primera hora de clases.
- Notificar oportunamente a los padres sobre la reiteración de llegadas tardías y sus consecuencias académicas.
- Si la situación persiste, convocar a los padres y firmar un compromiso conjunto para corregir el hábito, estableciéndo que las ausencias acumuladas en esas primeras horas podrían impactar el índice académico. Así generas una consecuencia real sin sacrificar el derecho de acceso.
Estudios sobre disciplina escolar positiva (Bear, 2010; Sugai & Simonsen, 2012) demuestran que las medidas punitivas severas no generan cambios de conducta sostenibles; en cambio, los sistemas que combinan límites claros con acompañamiento familiar y educativo promueven mayor responsabilidad y autonomía en los estudiantes.
En definitiva, la educación no debe castigar con exclusión. Enseñar puntualidad es necesario, pero nunca a costa de poner en riesgo la seguridad o el derecho fundamental de los niños y adolescentes. Un colegio que abre sus puertas, aunque marque la falta, educa con justicia y protege con humanidad.